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Crisis de la democracia representativa

Desde hace unas décadas, en los regímenes democráticos se viene registrando una sensible pérdida de influencia de la voluntad popular en las decisiones políticas, al tiempo que la política se revela impotente para resolver los problemas de la ciudadanía.

La libertad de movimientos del capital constriñe el autogobierno de los países, cuyas decisiones sufren el escrutinio de los mercados financieros. Competencias que antes residían en los Estados, especialmente en materia económica, se traspasan a instituciones nacionales o supranacionales no representativas, formadas por expertos que deciden sobre asuntos cruciales para los ciudadanos.

La reducción del margen de maniobra empuja a los partidos de gobierno  a compartir en  lo fundamental las políticas económicas. Los gobiernos se revelan incapaces de acometer la

redistribución de recursos que la lucha contra la desigualdad exige.

Muchos de los lazos que en el pasado unían a las fuerzas políticas con los grupos sociales y sus organizaciones fueron disolviéndose. El alejamiento entre los partidos y la ciudadanía se traduce en el desprestigio de la política, la caída de la participación electoral, la volatilidad del voto y la reducción del número de afiliados.

La brecha entre los sectores de ingresos medios y los más empobrecidos y el influjo del neoliberalismo cuestionan la solidaridad fiscal propia del estado de bienestar.

Los grupos sociales más precarizados son impotentes para influir con el voto en una acción de gobierno que mejore su situación.